Desafíos que Enfrentan

Las mujeres que defienden los derechos  de la tierra y medioambientales se enfrentan a menudo a poderosos intereses, y por consiguiente sufren diferentes formas de persecución. A continuación las resumimos, y presentamos algunos casos específicos.

Las defensoras de la tierra y del medioambiente llevan a cabo una amplia gama de actividades pacíficas. Se oponen a grandes proyectos como represas, minería, explotación forestal o proyectos turísticos impuestos sin consulta previa, defendiendo su derecho a vivir en un medioambiente sano, protegiendo los recursos naturales y los medios de subsistencia de sus comunidades. Defienden su derecho a la tierra en la que sus comunidades llevan décadas, si no siglos, viviendo y trabajando. Muchas mujeres campesinas e indígenas han jugado un papel clave liderando procesos de consulta y protestas en sus comunidades.

Aunque siempre ha habido  personas valientes dispuestas a defender los derechos a la tierra y medioambientales en América Latina, los riesgos asociados a estas iniciativas han aumentado dramáticamente en los últimos años, con la creciente presión  sobre la tierra y los recursos naturales. En particular, ha habido una expansión importante del sector minero en muchos países, así como del cultivo de palma de aceite para biocombustibles. Además, el crecimiento económico ha provocado un aumento  en la demanda de energía y, en consecuencia, en el número de proyectos hidroeléctricos planificados o en curso.

Según un informe de Global Witness,[1] el número de asesinatos registrados de los defensores de la tierra y del medioambiente se triplicó en todo el mundo entre 2002 y 2012, y casi el 80% de estos asesinatos ocurrieron en América Latina. Sin embargo, estos asesinatos son sólo los actos más extremos de persecución  entre otros se  incluyen  la vigilancia y seguimientos, las amenazas de muerte, la criminalización, la estigmatización y la violencia física. Los autores de estos abusos pueden ser el Estado, así como actores no estatales con intereses económicos en la tierra o en proyectos económicos, tales como las empresas, los grandes terratenientes y los miembros de grupos paramilitares.

En el caso de las mujeres campesinas e indígenas que defienden los derechos a la tierra, puede haber una dimensión adicional a estos ataques, muchos relacionados con su género, incluyendo el uso y la amenaza de la violencia sexual durante desalojos y la represión de las protestas, campañas de difamación por motivos de género, y amenazas y ataques dirigidos a sus hijos y familias. Por haber salido de su papel tradicional, pueden quedarse aisladas dentro de su comunidad, o sufrir abuso físico o psicológico por parte de sus parejas. De acuerdo con un estudio realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[2], en 2012, el 40% de los ataques registrados contra las defensoras tenía un componente de género.

Éstos son sólo algunos ejemplos de las formas en que las defensoras pueden ser atacadas por defender los derechos a la tierra y al medio ambiente:

  • Estigmatización - Según la ex Relatora Especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, los defensores de los derechos humanos que trabajan en nombre de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo en gran escala son cada vez más señalados como ' anti-gobierno', 'contra el desarrollo' o incluso 'enemigos del Estado'.[3] Estas declaraciones puede tener una serie de impactos negativos sobre los defensores que van desde la reducción de su capacidad para llevar a cabo actividades de incidencia hasta la incitación a la violencia en su contra.
  • Criminalización – muchas veces, esta estigmatización es el preludio de un proceso penal con acusaciones infundadas. Al tener que defenderse de las acusaciones, la defensora tiene a menudo que gastar sus preciosos tiempo, energía y dinero que de otra manera dedicaría a la defensa de los derechos a la tierra y ambientales.  Al igual que la estigmatización a nivel más general, la criminalización puede tener otros impactos - por ejemplo, los financiadores pueden decidir congelar sus fondos hasta que el caso sea resuelto legalmente.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) está en la vanguardia de una campaña contra un proyecto hidroeléctrico en Río Blanco, al norte-oeste de Honduras, donde vive la comunidad indígena Lenca.  En septiembre de 2013, su coordinadora Berta Cáceres, conjuntamente con sus colegas Tomás Gómez y Aureliano Molina, fue acusada de "usurpación, coacción y daños continuados." Berta ya había sido acusada de porte ilegal de arma de fuego que afirmó haber sido colocada por militares en un retén en junio de 2013. Por tener dos procesos en su contra, fue condenada a detención preventiva. Después de una protesta internacional, todas las acusaciones judiciales fueron finalmente retiradas. 
  • Amenazas de muerte y asesinatos - En septiembre de 2013, la defensora y lideresa campesina colombiana, Adelinda Gómez Gaviria, fue asesinada por dos hombres no identificados en Almaguer, Cauca.  Ella trabajó con CIMA (Proceso de Mujeres Maciceñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano) y tenía un papel activo en el Foro Minero y Ambiental en Almaguer, que cuenta con 1.500 miembros indígenas y campesinos. Un mes antes de su asesinato, ella había recibido una llamada telefónica amenazante de desconocidos que le advirtieron: “Deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar.”

A pesar de estos desafíos, las defensoras continúan con su valiosa labor. Éstos son sólo algunos ejemplos:

  • COPINH, Honduras - Berta Cáceres sigue brindando apoyo a la comunidad de Río Blanco y a otras en su oposición a los proyectos hidroeléctricos. En septiembre de 2014, en nombre del COPINH, Berta interpuso 50 denuncias ante el Ministerio Público sobre las concesiones que la organización considera una violación del derecho a la vida y otros derechos individuales y colectivos de los pueblos lencas, incluyendo el derecho a la consulta en conformidad con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
  • Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), México - Bajo la dirección de Celsa Valdovinos, su fundadora, OMESP ha llevado a cabo una campaña exitosa de reforestación ante la tala por los terratenientes locales, así como el desarrollo de un sistema de huertas orgánicas sostenibles para las familias de la región y campañas de educación para prevenir la contaminación del agua y del aire.  En reconocimiento de este trabajo, realizado a pesar de amenazas de muerte, Celsa fue co-ganadora del prestigioso Premio Chico Mendes en 2005, otorgado por el Sierra Club, con sede en los Estados Unidos.
  • Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ), Guatemala - AMISMAXAJ está integrada por 75 mujeres representantes de 15 comunidades Xinkas de la montaña Santa María Xalapán (Jalapa). Ellas trabajan a nivel local, departamental y nacional contra toda forma de opresión patriarcal, neoliberal, racista, homófoba y lesbofóbica y han establecido alianzas estratégicas territoriales y nacionales para promover sus acciones políticas. La asociación trabaja activamente en la región de Jalapa en la promoción de los derechos de las mujeres, la revitalización de su identidad étnica Xinka y  la defensa de la tierra y del territorio. En particular, desarrolla un trabajo activo en la defensa de los bienes naturales y en procesos de auditoría e información social sobre la actividad y los planes de la industria minera y petrolera presentes en la región.  Varios miembros de la organización fueron objetos de graves amenazas de muerte en 2009 y 2010 debido a su trabajo.

 


[1] 'Medio ambiente mortal' – vea http://www.globalwitness.org/deadlyenvironment/. Un resumen está disponible en español. La versión completa está sólo disponible en inglés. 

[2] IM-Defensoras, “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica. Diagnóstico 2012”, August 2013.

[3] Relatora Especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, nota de prensa,29 de octubre de 2013.